Por Luis Fernando Cote Peña
¨....Por qué la parálisis de la justicia, servicio público que señalamos como esencial para sostener la democracia, no motivó una masiva movilización ciudadana implorando urgente solución?...¨
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Paró en Colombia la rama judicial por
28 días. Los medios de comunicación registraron en sus páginas el proceso de
negociación del conflicto entre Asonal Judicial y el Gobierno, además de las
expresiones que, en las puertas de los correspondientes edificios públicos, hicieron
los operadores de la justicia con sus simbólicas carpas sindicales.
La tensión de la negociación fue fuerte
entre los involucrados. Amenazas de agudización por parte del Gobierno Nacional
con la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga y por la otra, los
representantes de la rama judicial con invitaciones a Medicina Legal y CTI para
que los muertos por recoger, quedaran a la exposición de sus propias
circunstancias.
Las
causas del reclamo: un claro desajuste salarial que da a los Magistrados del
alto nivel de la rama, un sueldo de seguro justo, pero que no se compadece con
los de los magistrados de los Tribunales y Jueces de todo el país. La oferta de
su nivelación se había venido postergando injustificadamente de gobierno a
gobierno y la bomba le correspondió atenderla al actual del presidente Santos.
Pero
de la experiencia vivida me asalta un interrogante: ¿Por qué razón, solo a los
funcionarios de la rama jurisdiccional, a los abogados litigantes y a unos
cuantos demandantes, el problema les interesó?
Tal ves la respuesta está en un estudio
del Banco Mundial (Doing Business
2012) en el que se calculó, en
días, el tiempo promedio de duración de un asunto judicial en diversos países
de América Latina. El resultado fue el siguiente: Colombia (1.346 días),
Argentina (590 días), Bolivia (591 días), México (415 días), Chile (480 días),
Perú (428 días), Venezuela (510 días), Ecuador (588 días), Brasil (619 días),
Costa Rica (852 días), Uruguay (720 días) y El Salvador (786 días).
A esta escalofriante realidad nacional,
cabe adicionar que, según datos del Concejo Superior de la Judicatura el número
de procesos por resolver a septiembre 30 de 2011 era de 2.339.611 casos.
La
solución al paro llegó: acordaron el pago adecuado de lo debido y por tanto se
ha superado la crisis. En hora buena para el bien de quienes recibirán mejor
ingreso y por tanto también para bien de sus familias.
Pero, las negociaciones del paró harán que la justicia se
destrabe? Facilitará la negociación que los más de 2 millones de procesos
pendientes se resuelvan con celeridad? La respuesta lamentable es no. Lastima que a
las razones de la protesta y a las soluciones dadas, no se incorporara el
interés ciudadano de contar, ahora sí, con una reforma a la justicia que la
haga efectiva y pronta como lo manda la Constitución, para que, por lo menos
cuando vuelva a parar por los salarios, la ciudadanía se de cuenta de que eso
ha ocurrido.
